La desactualización de los planes generales obstaculizan proyectos agroindustriales que podrían convertirse en impulsores del autoabastecimiento, la economía y el empleo en Canarias en pro de un urbanismo insaciable.
La falta de suelo disponible para nuevas explotaciones, los impedimentos de ampliación de las ya existentes, el retraso en la obtención de licencias y la excesiva burocracia suponen un “calvario” para el sector ganadero. Piden a las administraciones medidas de simplificación para atajar la crisis del relevo generacional.
Los planes de ordenación del territorio en Canarias no favorecen el emprendimiento en el campo y suelen castigar con más dureza al sector ganadero. La actividad se sigue percibiendo como una mera artesanía y no como una agroindustria a desarrollar. La relegan a un menor o casi exiguo protagonismo en el suelo rústico disponible en cada municipio o isla sometida muchas veces a la voluntad política del regidor de turno. Esta falta de atención obvia las contribuciones de la ganadería a la economía local, al autoabastecimiento, a la producción de productos frescos de calidad (carne, leche, huevos) que conforman la base proteica de una alimentación sana, a la generación de subproductos (estiércoles y purines) que hoy la UE los sitúa en el foco al estar llamados a constituir el futuro de la fertilización de la agricultura o la creación de plantas de biogás como fuentes de energía verde, sin olvidar su valor intrínseco para fijar la población en las zonas rurales.
Solo el tesón de quienes emprenden o de los que llevan tiempo trabajando en esta actividad como modo de vida les impide, en ocasiones, sucumbir frente a normativas reguladoras cada vez más restrictivas (cumplimiento de distancias respecto a los núcleos urbanos, el requerimiento de grandes retranqueos a linderos o la disponibilidad de grandes superficies de suelo y el establecimiento de un tope de cabezas de ganado limitado, entre otros aspectos) y frente a instituciones que muchas veces ignoran el potencial de este tipo de proyectos y no se alarman cuando cada año desaparecen explotaciones ganaderas en un contexto geopolítico internacional de crisis energética y alimentaria cada vez más preocupante.
Según las estadísticas oficiales del Gobierno de Canarias se han perdido en el Archipiélago 1.126 granjas entre 2014 y 2024. Quedan 4.085 de las 5.211 que se registraban hace una década y, aunque curiosamente tras la pandemia hubo un repunte significativo que supuso el registro de hasta 152 nuevas instalaciones, el número ha vuelto a caer, aunque no al nivel de 2020 cuando existían 4.039 explotaciones ganaderas.
Entre quienes apuestan por este sector está Paula Pérez (Puntallana, La Palma). Con solo 28 años, esta ganadera de profesión, decidió hace cuatro, en un momento profesional algo convulso de su vida que coincidió con la pandemia, buscar un proyecto ilusionante del que poder vivir. Lo encontró en una granja de cabras a la que acudía con cierta asiduidad mientras enfocaba su futuro. El contacto con el ganado le fue descubriendo un mundo hasta entonces nada atractivo para ella, pero del que se fue enamorando poco a poco. Cuando le regalaron sus dos primeras cabras, se dio cuenta de que había encontrado su camino. Hoy, cuatro años más tarde, es propietaria de una explotación que compró en 2024, mantiene una cabaña de 600 cabezas de las razas palmera y majorera, produce entre 25 y 50 kilos de queso fresco al día, dependiendo del momento del año y tiene a su cargo a seis empleados. A esta escalada meteórica hay que sumar su pertenencia a la Asociación de Criadores de Cabra Palmera y el reciente reconocimiento que le ha otorgado el Basque Culinary Center y Agrobank entre unos 40 jóvenes de España como impulsores del agro.
“No hay que rendirse si realmente uno siente que está en la profesión de su vida, aunque la burocracia y la falta de políticas de apoyo no nos lo pongan fácil”, Paula Pérez, ganadera de La Palma.
La decisión de comprar la granja no era su primera opción. Su idea era levantar una instalación propia partiendo de cero en alguna localización de la isla, pero tras toparse con el enjambre de condicionantes que debía cumplir para no chocar con los planes urbanísticos, no le dejaron más alternativa que decantarse por una ya construida. “Es inviable montar una instalación nueva”, subraya esta joven. La explotación adquirida cuenta con quesería y una parcela cultivada de maralfalfa que le permite aliviar parte del coste en alimentación para el ganado, pero la edificación es antigua y requiere de reformas que va ejecutando como puede hasta que disponga de mayores ingresos para poder modernizar y seguir creciendo.
El primer año al frente de su proyecto ha sido muy complicado económicamente hablando, una característica común a otros autónomos de otros sectores económicos. “La cuestión es no rendirse si realmente uno siente que está en la profesión de su vida, aunque la burocracia no nos lo pone fácil”, señala Paula. Pide a las administraciones más políticas de apoyo al emprendedor que parte de cero y reducir la carga de trámites a cumplimentar. “Somos ganaderos, si quiera ser administrativa, estaría trabajando en una oficina y no en el campo”, matiza.
EL “CALVARIO” ADMINISTRATIVO DE EMPRENDER EN GANADERÍA
Para Juan Manuel Hernández, jefe de la Oficina de Extensión Agraria de Breña Alta (La Palma), emprender en ganadería es un “calvario”. El camino de cruces que deben andar los jóvenes interesados en invertir en este sector puede acabar desmotivándolos antes de arrancar cuando se tropiezan de bruces con el principal escollo: la desactualización de los planes generales de ordenación municipal (PGO). Pese a que la Ley del Suelo de 2017, actualmente en proceso de revisión, permite introducir modificaciones menores para dar agilidad a una “norma que no puede ni debe permanecer ajena a las necesidades diarias de los ayuntamientos y de quienes buscan desarrollar una actividad económica y generar empleo”, en la isla, señala, el municipio de Puntagorda es “el único que destaca por haber implementado hasta un total de 25 cambios en su planeamiento que benefician, entre otros sectores, al agrario”.
Hernández considera que la capacidad de adaptación de una normativa como la Ley del Suelo de 2017 al planeamiento municipal es una cuestión de “voluntad política”, traducido en querer apoyar el uso ganadero profesional. Sin embargo, apunta, “la mayoría de los ayuntamientos prefieren otorgar licencias a viviendas turísticas” menos problemáticas desde el punto de vista social e institucional. La ocupación del territorio por una granja siempre despierta recelos debido a la generación de olores y subproductos (estiércoles y purines), además de a la limitación de otros usos del suelo próximos a este tipo de instalaciones. Paradójicamente, en las últimas décadas, el crecimiento desmesurado de población va comiendo terreno al medio rural hasta el punto de que explotaciones ganaderas, que en sus orígenes se econtraban aisladas, ahora están próximas a núcleos urbanos.
Vicente Rodríguez, alcalde de Puntagorda, apunta, por su parte, al compromiso del consistorio con el sector ganadero al que califica de “vital para el municipio, para la isla y para toda Canarias”. Argumenta que se le da “prioridad” por una cuestión de ident idad local: “nuestros quesos, que se distinguen por su gran calidad, ganan grandes premios dentro y fuera de las islas. Son el resultado de su vinculación con una raza autóctona como la cabra palmera y con el cultivo de forrajes locales que aportan un plus a la alimentación del ganado”.
Las modificaciones menores introducidas en el PGO de este municipio han permitido habilitar grandes espacios compatibles con la actividad agraria dotados de vías acondicionadas con servicio de agua y suministro eléctrico soterrado, compatible con la normativa que rige a las islas verdes “lo que ha favorecido el crecimiento del sector pecuario”.
Puntagorda, con 2.596 cabezas, se encuentra entre los tres municipios, junto con Garafía (2.630 unidades) y El Paso (2.619), con la mayor cabaña caprina de la isla, según el censo del Gobierno de Canarias de 2024. Este desarrollo lo atribuye su regidor, a “la industrialización de las granjas ya existentes equipadas con sistemas de alimentación de última generación y salas de ordeño mecanizadas que generan, además de actividad y empleo, un producto excelente con un gran mercado, cuyo valor inmaterial no es cuantificable y permite diferenciarnos de otras zonas productoras de quesos de España”.
El PGO de Puntagorda, que data del año 2010, es según Rodríguez un “instrumento vivo en el cual estamos trabajando continuamente”. Entiende, no obstante, que otros ayuntamientos no hayan realizado modificaciones en su planeamiento porque “no lo consideren necesario. Cada cual prioriza lo que cree oportuno. En nuestro caso, no podemos sacrificar una actividad económica tan importante como la ganadería”.
CUANDO GESTIONAR RESIDUOS CHOCA CON LA ADMINISTRACIÓN
Una de las problemáticas a las que se enfrentan las explotaciones ganaderas, sean de reciente apertura o no e independientemente de su tipo o tamaño, es la gestión de los residuos. Los avicultores y los productores de porcino suelen ser los colectivos más señalados. En Tenerife, María José Castro, copropietaria de la empresa avícola Castro Marrero (Candelaria), lleva desde 2019 intentando, sin éxito, conseguir una licencia municipal de obra mayor que le permita proyectar una planta de compostaje para transformar el estiércol generado en la propia explotación en un producto adecuado a las exigencias actuales de la agricultura profesional y de los requerimientos medioambientales.
El proyecto, que cuenta con respaldo científico y académico gracias a la colaboración del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, adscrito al CSIC así como de investigadores de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Laguna para su puesta en marcha, está comprometido además con la formación de futuros profesionales del sector agrícola-ganadero a través de un convenio con la Consejería de Educación para que el alumnado de la Escuela de Capacitación Agrícola de Tacoronte pueda realizar prácticas en esta granja.
Esta empresaria lamenta que estos jóvenes “no puedan contar con esta formación en su periodo de prácticas” y critica “que si el discurso oficial es de apoyo al sector primario, a la producción local de km0, a la mejora de la calidad de los alimentos, a la reutilización eficiente y a la disminución de la dependencia exterior de fertilizantes, alimentos y energía, no tiene sentido que nuestros gobernantes se pierdan en cuestiones burocráticas banales y no dispongan de una actitud más constructiva y pragmática que facilite el trabajo a las granjas canarias”.
Las dificultades para implantar una planta de compostaje no son los únicos quebraderos de cabeza que enfrenta a productores con la administración. Ampliar una instalación para albergar un mayor número de aves, llevar a cabo cualquier tipo de obra menor o querer instalar una explotación de gallinas ecológicas es otra odisea cuando los ayuntamientos se niegan a reconocer la legalidad de una granja pese a contar con el visto bueno del Gobierno de Canarias tras haberse acogido a la Ley de Medidas Urgentes de Explotaciones Ganaderas o solo se otorgan permisos provisionales que no garantizan la continuidad de la actividad pese a implicar una significativa inversión económica.
Entre los productores de porcino, los hay como Miguel Pablo Woolmington, con una explotación de 1.600 madres a su cargo en el municipio de La Laguna, que alerta de cómo el avance urbanístico va cercando su espacio sin que las corporaciones locales muestren intención de frenarlo. Detecta, muy a su pesar, que prevalece la expansión de la población frente a la creación o desarrollo de granjas competitivas y modernas. Ante la proximidad y el temor de las quejas vecinales, lleva tiempo inmerso en dos proyectos pioneros: uno de gestión de residuos y otro de mitigación de olores con el propósito de contribuir a la economía circular mediante el aprovechamiento de los subproductos generados y reducir el impacto de la actividad porcina para que no genere rechazo social.
