Aumenta la cabaña en más de 3.000 cabezas desde 2020, pero se reduce el número de explotaciones. Resisten las más eficientes, innovadoras, rentables y sostenibles. La separación de purines, clave.
La transición ecológica por la que camina Europa desde el año 2013, con políticas por el Pacto Verde, la estrategia “De la Granja a la Mesa” y los planes para reducir el impacto ambiental, está impulsando una reestructuración del sector porcino en Canarias.
Las explotaciones están llamadas a preservar el bienestar animal disponiendo, entre otros aspectos, de más espacio en las instalaciones, además de realizar una correcta gestión de los purines, lo que implica separar en dos partes el sólido del líquido, disminuyendo así parte de los olores y la huella de carbono. En este proceso de adaptación, no todas las granjas han podido cumplir con los requisitos. Algunas, sobre todo las más pequeñas, se han quedado por el camino. Las sucesivas crisis antes y después de la pandemia en 2020, con un desproporcionado aumento de los costes de producción, sumado a la falta de relevo generacional y a la excesiva regulación, han dictaminado quién resiste y quién no.
Las estadísticas del Gobierno de Canarias de la última década retratan un descenso del 37,4% de granjas porcinas en apenas cuatro años, entre 2015 y 2018, con la pérdida de más de 200 instalaciones de las 569 que existían. A partir de esa fecha, la evolución se mantiene más o menos estable y crece ligeramente en los dos últimos años. En la actualidad, las islas registran 366 explotaciones con Tenerife y Gran Canaria a la cabeza en producción. En cuanto a la cabaña, desaparecen 7.500 cabezas entre 2014 y 2024, pero aumenta en más de 3.100 desde 2020, corrigiendo así parte de la disminución en el número de animales. El censo se sitúa en 44.145 unidades.
En este proceso de cambio, el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Matoso, habla de una “industrialización del sector porcino” resultado, sobre todo, de la incorporación de los tratamientos de purines, que ofrece múltiples ventajas y entronca directamente con lo que Europa exige desde el punto de vista medioambiental. Matoso se muestra optimista de cara al futuro al considerar este factor “determinante para abrir una posibilidad de crecimiento” de la actividad y espera que se vean resultados a partir de 2026, año que “marcará un antes y un después”, según señala.
La separación de los purines permite avanzar hacia la sostenibilidad rebajando las emisiones y valorizando los nutrientes: el líquido se puede usar para riego y el sólido como abono orgánico. Además, abre nuevas oportunidades de negocio con la implantación de plantas de biogás, sin olvidar que invertir en la separación de estos dos subproductos es vital para la viabilidad de las explotaciones en un territorio pequeño y fragmentado como Canarias.
Alba Chasco, veterinaria responsable de la ADS de porcino en Tenerife, cree también que el tratamiento de los purines va alineado con el crecimiento del sector, aunque subraya que son las explotaciones más modernas y las económicamente mejor posicionadas las que pueden disponer de una instalación de plantas de separación. Por este motivo, considera que la implantación en las islas “se vaya haciendo poco a poco”.
En cuanto a los cambios de jaulas que impone el Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal para que las madres estén sueltas, Chasco considera que “implicaría una reforma estructural importante de las instalaciones y, para que se produzca, las administraciones tendrán que dar tiempo para su adaptación”. Sea como sea, deja claro que si desde la Unión Europea viene una normativa para la mejora de la protección del ganado “no queda otra que acatarla, aunque algunas regulaciones sean un sinsentido, sobre todo porque muchas veces cuando se legisla no se ha visitado una granja para saber cómo funciona”.
Formación y motivación
Faltan manos jóvenes que garanticen el relevo generacional en el sector porcino, pero no vale cualquiera. Se busca un perfil determinado: personas formadas y motivadas para sacar adelante la actividad. En este punto, “las políticas tienen que incentivar y fomentar las enseñanzas ganaderas, escasas en las islas, y hacer ver que realmente trabajar en una granja puede generar rentabilidad y ser un reclamo para el empleo”, manifiesta Chasco. En línea con la formación, considera prioritario que los planes de ordenación del territorio favorezcan, “si no la implantación de nuevas instalaciones, al menos que contribuyan al crecimiento de las existentes para que puedan desarrollarse y ser rentables”.
El temor a una bajada de los precios por la peste porcina
Desde la aparición de un brote de Peste Porcina Africana en Cataluña, el sector porcino canario contiene la respiración. Aunque por ahora se mantiene el número de jabalíes muertos y no hay presencia de esta enfermedad en las islas, los productores canarios temen una bajada del consumo, cuando está demostrado que este virus no afecta ni a la seguridad ni a la calidad de la carne de cerdo. También preocupa que las restricciones en la exportación puedan provocar una desestabilización del mercado interior al aumentar la oferta en el mercado local y hacer caer los precios.
Canarias es la comunidad autónoma con el consumo más bajo de carne de cerdo de España, con 5,83 kilos per cápita al año, menos que la media, que se sitúa en 9,3 kilos por persona, y la mitad de lo que consume Castilla y León, que ronda los 13 kilos per cápita anuales.
