Con el nuevo marco presupuestario 2028-2034 la UE desprotege el modelo de soberanía alimentaria consolidado: reduce ayudas, el control de los fondos pasa a manos del Estado y desaparece el tratamiento singular de las RUP.

La Política Agraria Común (PAC), que nació en la década de los años 50 en un entorno de escasez alimentaria después de la Segunda Guerra Mundial y que en sus inicios se caracterizó por medidas intervencionistas y protectoras en el mercado para garantizar una remuneración adecuada a los agricultores y alimentos asequibles para la población, le han ido despojando de esas protecciones tras las múltiples reformas a la que ha sido sometida a lo largo de su historia. De hecho, ha pasado de disponer de más de un 70% del presupuesto anual de la UE en sus inicios hasta apenas un 24% actual. Mientras, sigilosamente se abría la puerta a la entrada de importaciones de terceros países con sistemas de producción, en materia laboral, medioambiental, de calidad y seguridad alimentaria, totalmente ajenos a los exigidos a los productores locales comunitarios convirtiéndose así en competidores voraces, favorecidos por sus grandes volúmenes y precios bajos.

En la próxima fase, la que entrará en vigor en 2028 hasta 2034, la propuesta anunciada por la Comisión Europea (CE), no solo desmantela todavía más la base económica que sustenta a la PAC recortándole los fondos hasta un 22%, sino que cambia por completo el modelo de gobernanza implantado hasta ahora: se rompen los dos pilares (ayudas directas y ayudas al Desarrollo Rural) y la gestión deja de ser común para pasar a manos de cada nación, lo que traerá consigo, en opinión de Asaga Canarias Asaja, desigualdad entre agricultores y ganaderos en función de la capacidad y voluntad de los gobiernos de cada país.

Con este panorama, no es de extrañar que el sector agrario europeo, representado por todas las organizaciones profesionales agrarias, haya levantado la voz al unísono en contra de lo que está por venir. La preocupación de los productores canarios es mayor si cabe porque en el borrador de la propuesta de la PAC futura ni siquiera aparece recogido una mención explícita a las regiones ultraperiféricas (RUP) de España, Francia y Portugal, entre las que se encuentra Canarias, que disponen de un estatus diferenciado por su condición archipielágica en las políticas europeas. El riesgo de que programas de apoyo a la producción local como el POSEI, que incluye al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la importación de insumos básicos de consumo humano y animal, dotado con 268,4 millones de euros anuales o la PEPAC (antiguo Programa de Desarrollo Rural), con una ficha financiera de 128,5 millones, que proporcionan estabilidad y seguridad para las rentas de los agricultores, desaparezcan camufladas en un sobre nacional con cabida para otras áreas, ha despertado el temor a que los logros alcanzados, gracias a estos respaldos, en cuanto a profesionalización, modernización, tecnificación, diversificación y reconocimiento social del producto local gracias a las campañas promocionales pagadas con fondos europeos, implique un retroceso.

De no ser por el respaldo económico aportado por las ayudas del POSEI y PEPAC (antes Programa de Desarrollo Rural, PDR), el sector agrario de Canarias no se habría profesionalizado, tecnificado, modernizado ni promocionado. El avance se innegable, aunque su contribución no ha impedido el abandono del campo. Pensar en un futuro sin una financiación específica para esta actividad en las islas, supondría un “retroceso” que el sector no está dispuesto a aceptar.

Con una contundente negativa han manifestado su rechazo, tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo como el consejero de Agricultura, Narvay Quintero en cada una de las reuniones, comisiones, foros o encuentros dentro y fuera del Archipiélago que han mantenido con el ministro de Agricultura, Luis Planas, o con otros miembros de las instituciones europeas a quienes han solicitado el blindaje de estos programas y la actualización de sus importes, estancados desde el año 2006, acorde al fuerte incremento de los costes de producción del sector agrario canario como así demuestran los informes presentados. Planas, ha señalado que «el POSEI no debe perder su identidad propia» y que «aparece difuminado en el fondo nacional con unas características que no son las más adecuadas». Defiende su singularidad dentro de la PAC, además de la necesidad de contar con una dotación clara e identificada y al alza como pide el Ejecutivo autonómico.

El sector agrario considera un “descalabro” que los fondos POSEI y PEPAC sean gestionados por el Estado.

Para el sector agrario de Canarias, la sola idea de que estos fondos pasen a manos del Estado supone un «descalabro» para el desarrollo de la agricultura y la ganadería de las islas aquejado de la «insuficiencia» de estas partidas y del retraso con las que se suelen abonar. Desde el sector vitivinícola, gerentes y técnicos de los consejos reguladores, apuntan que, si bien las ayudas no han servido para paliar el abandono de la actividad, han permitido disponer de bodegas más tecnificadas y profesionales, promocionar los vinos en el ámbito regional, nacional e internacional para darles visibilidad, además de cubrir muchos de los gastos que conlleva el cultivo como los tratamientos fitosanitarios. «Estos avances no hubieran sido posible sin las ayudas del POSEI o de la PEPAC, antiguo PDR», subrayan.

Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias (Asocan), pone el foco en la regularización del mercado ornamental. «Las ayudas de estos programas han contribuido a combatir la economía sumergida teniendo en cuenta que para poder optar a ellas los productores deben estar dados de alta en la actividad y cumplir una serie de requisitos administrativos, estar al día de las normativas y, en definitiva, trabajar con más transparencia para impulsar el crecimiento del sector».

López cree, no obstante, que la floricultura se ha modernizado, pero «no al nivel que nos gustaría». Los productores dicen sentirse en cierta manera «discriminados» al no poder acceder a determinadas líneas de financiación por no estar constituidos como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). El motivo responde a la complejidad de agrupar la enorme diversidad de especies de flores y plantas que se producen en las islas lo que dificulta una comercialización conjunta. Al no existir una figura aglutinadora limita la capacidad de modernización necesaria, en sistemas de riego y mecanización, y esta carencia «nos deja en desventaja frente a otros productores de otras regiones restándonos competitividad».

Para María José Castro, copropietaria de la granja avícola de puesta ‘Castro Marrero’, en el municipio de Candelaria (Tenerife), «los fondos Posei han venido compensando, desde su implantación, las pérdidas de renta que soportamos los avicultores locales para la producción de huevo». Salvo en momentos puntuales, «vendemos por debajo o a ras de los costes de producción teniendo en cuenta el elevado precio del pienso y materiales como los cartones o envases que no podemos repercutir en el precio de venta al público porque se encarecería demasiado el producto». Reconoce además que cuando en el año 2012, el sector tuvo que asumir el cambio de jaulas, se vio obligado a realizar grandes inversiones y la línea de modernización del PDR resultó «fundamental», económicamente hablando, para poder afrontar los cambios estructurales exigidos por la normativa comunitaria.

«Las ayudas permiten disponer de bodegas más tecnificadas y profesionales, promocionar los vinos y cubrir los gastos del viñedo», según los consejos reguladores.

Si en algo coinciden los productores, independientemente del sector en el que trabajen, es en la excesiva legislación y burocracia aparejada a la PAC, en materia medioambiental, sanitaria y de bienestar animal, que deben cumplir para poder seguir siendo receptores de los fondos europeos. Reconocen haber realizado «grandes esfuerzos» para compatibilizar los requisitos exigidos en la legislación de la UE, pero demandan incentivos que les permitan adoptar prácticas agrícolas sostenibles sin menoscabo de su rentabilidad y competitividad, además de una reducción de cargas normativas y administrativas que resulten innecesarias para el desarrollo de su actividad.

Aclara el sector agrario que «estamos de acuerdo que la producción de alimentos, ya sea de origen vegetal o animal, tiene que ser segura, pero si Europa nos lo exige a nosotros, también debería exigirlo a las producciones extracomunitarias». El doble rasero que aplica Bruselas con el producto local y el importado genera un desequilibrio que arruina a las explotaciones familiares mientras los puntos de venta se llenan de mercancías, producidas con estándares de calidad más bajos y en condiciones laborales y de recursos desiguales, que se transportan en barcos procedentes de orígenes lejanos dejando a su paso una importante huella de carbono.

PRODUCIR MÁS PARA DEPENDER MENOS DEL EXTERIOR

Para convertir las desventajas de producir en un territorio ultraperiférico en oportunidades, aprovechando factores como el clima de Canarias, el sector demanda seguir conservando su estatus diferenciado teniendo en cuenta el papel estratégico que desempeña este archipiélago como última frontera europea con África. Para esta organización profesional agraria, «la UE tiene que preservar la calidad de vida de este territorio y esta premisa implica garantizar el autoabastecimiento ante la creciente amenaza de inestabilidad con Rusia, Oriente Medio y el Sahel que en cualquier momento puede estallar y provocar escenarios de crisis y conflictos poniendo en peligro el suministro de alimentos a las islas. Seguir disponiendo de una financiación adaptada a las especificidades de las islas es «la manera de contar con una despensa agrícola y ganadera autónoma que nos libere, al menos en parte, de la dependencia externa», señala el sector.

Canarias se prepara para pelear por los fondos europeos bajo un frente común respaldado por las nueve RUP compartiendo reivindicaciones de la mano de sus tres estados: España, Francia y Portugal. Tienen claro que la financiación debe seguir bajo el paraguas de la UE porque dejar que acabe en un fondo común con otros sectores con los que tendrá que competir, gestionados por cada nación, podría perjudicar seriamente a la actividad agrícola-ganadera en un contexto como el actual con los PGE prorrogados durante más de tres años y sin garantías de un reparto equitativo entre regiones con idiosincrasias diferentes.

La producción de alimentos es una fortaleza para el territorio que «exige especial atención por parte de las instituciones europeas por una cuestión estratégica y geopolítica». Al sector agrario no solo le preocupa el desmantelamiento del marco presupuestario de la PAC sino la rapidez con la que se firman acuerdos comerciales entre la UE y EEUU, Mercosur y, en última instancia, el apoyo agrícola de España a Ecuador, el mayor productor de banana del mundo. Todos y cada uno de ellos despiertan recelos sobre los intereses que se ponen en juego y la opacidad con la que se intentan ejecutar con un claro favoritismo hacia las importaciones y sin cláusulas de salvaguarda que protejan al campo europeo.

«Los fondos europeos han contribuido a combatir la economía sumergida y regular el mercado para impulsar el crecimiento del sector» — Antonio López, gerente de Asocan.

Los productores canarios, con sobrecostes superiores al 40% derivados del transporte, el combustible, la energía y el alza de las materias primas, apuestan por priorizar las producciones locales aplicando idéntico principio que el americano «Europa, First» (Primero Europa) frente a las mercancías agroalimentarias del exterior. Esta prioridad debe tener garantizada el suministro de agua de riego con una buena gestión de los recursos y de las redes de suministro, además de impulsar la depuración, regeneración, desalación y el mantenimiento de las galerías. Exigen además el cumplimiento del REF por parte del Estado atendiendo a la solicitud del abono del POSEI adicional comprometido y sin abonar, cerca de 25 millones de euros, una minucia comparada con los más de 300 millones que el Gobierno de España va a financiar para la construcción de un mega desaladora en Marruecos.

Piden simplificar la carga burocrática y agilizar las tramitaciones para no frenar las inversiones ni el emprendimiento diseñando planes estructurales atractivos y rentables enfocados a la incorporación de jóvenes que garanticen la continuidad de un sector agrario más tecnificado, modernizado y profesionalizado. Y piden además reforzar el papel de las cooperativas agroalimentarias como instrumentos para fortalecer a los productores en la cadena alimentaria con el objetivo puesto en fijar población en las zonas rurales para que sean más fuertes y prósperas. Consolidar este modelo de agricultura y ganadería, sostienen, implica el blindaje, la autonomía, pero también la actualización de las cuantías de los dos pilares (POSEI y PEPAC) que constituyen la PAC.

«El POSEI compensa las pérdidas de renta y el PDR respalda las inversiones en infraestructuras del sector» — María José Castro, copropietaria de la granja avícola ‘Castro Marrero’.