El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, reconoce que a muchos ayuntamientos se les hace cuesta arriba modernizar su planeamiento debido a los largos trámites burocráticos y al coste económico que conlleva. Este lastre acaba cercenando proyectos agrarios sobre todo en municipios pequeños de Canarias donde la agricultura y la ganadería son “actividades fundamentales” para evitar la despoblación. A lidiar con este objetivo, se encomendienda parte de su Área en 2026.
La desactualización de los planes municipales en materia de ordenación del territorio estrangula el emprendimiento en agricultura y, sobre todo, en ganadería, pese a que los ayuntamientos pueden realizar modificaciones al plan general para contribuir al impulso y desarrollo del sector. ¿Por qué la mayoría de los municipios de Canarias no se ha acogido a esta opción desde que se aprobó la Ley del Suelo de 2017?
Tenemos que poner la lupa a diferentes niveles para entender lo que ocurre. Si la ponemos en el ámbito municipal, aquellos ayuntamientos que han decidido apostar por la ganadería sí cuentan con planes generales adaptados a la Ley del Suelo de 2017 y disponen en sus municipios de una zona delimitada y controlada para implantar la actividad con los servicios necesarios para su desarrollo. Si ponemos la lupa en el ámbito insular, cada Cabildo que también ordena el suelo rústico en cada isla, puede considerar que determinadas zonas son aptas para implantar una explotación ganadera, pero si no disponen de servicios básicos de luz y agua termina por coartar la implantación de cualquier instalación.
Hay que subrayar que la Ley del Suelo de 2017 ha logrado muchos avances: uno es aplicar el principio administrativo negativo. Anterior a esta norma, todo lo que no estaba autorizado expresamente, estaba prohibido, es decir, si en un municipio no se autorizaba expresamente la ganadería, no se podía implantar la actividad. Cuando se modificó la legislación, se produjo un cambio de paradigma y ahora todo lo que no esté prohibido expresamente, está autorizado, de tal manera que en un plan general donde no se mencione la ganadería no significa que esté prohibida. Para que lo esté, tiene que estar reflejado expresamente en el texto. Por este motivo es fundamental tener actualizados los planes generales. Si bien la norma no establece un periodo ni la obligación de adaptarse, sí permite a los ayuntamientos llevar a cabo modificaciones puntuales para poder adaptar su planeamiento a las necesidades del municipio siempre y cuando no se toque el trasfondo del plan lo que implicaría un procedimiento administrativo mucho más largo, complejo y costoso.
En La Palma, por ejemplo, el municipio de Puntagorda es uno de los que se ha preocupado desde hace muchos años por tener un planeamiento adaptado a la Ley del Suelo y al Plan Insular de Ordenación Territorial manteniendo una apuesta clara por la ganadería.
¿Es el único municipio de Canarias que ha realizado modificaciones puntuales en su planeamiento?
No, hay muchos más que también lo han hecho y favorecen al sector agrario. Casi todos están en La Palma, pero también está El Pinar en El Hierro. Este año, la Consejería de Política Territorial va a sacar tres planes más de cuya redacción nos encargamos nosotros. Lo que ocurre en Puntagorda es que hay mucha demanda de suelo agrario porque su costa no tiene tanta presencia de asentamientos que limiten la distancia de las instalaciones ganaderas a los núcleos poblacionales, posee unas condiciones climatológicas muy estables y dispone de una red de servicios, tanto eléctricos como de agua, bastante potentes conjugados con la agricultura. Conozco planes insulares donde la zona habilitada para la actividad ganadera está a cotas muy altas, sin servicios, ni vías y con una climatología poco favorable que no facilita la implantación de ningún tipo de ganadería.
¿Los técnicos municipales conocen cambios como el concepto de ‘principio administrativo negativo’ que introdujo la Ley del Suelo de 2017?
Tras la aprobación de la Ley, se impartieron muchos cursos formativos de ahí que el personal de las oficinas técnicas esté muy cualificado y especializado en la normativa. Son quienes mejor la conocen porque la aplican todos los días, pero hay que reconocer que la adaptación del planeamiento también depende del impulso político del regidor de cada ayuntamiento. Teniendo en cuenta que el urbanismo es un tema muy áspero por lo técnico que es, la larga tramitación de los procedimientos echa para atrás a muchas corporaciones locales.
“Con la actualización de la Ley del Suelo, que previsiblemente se apruebe en el primer semestre de 2026, buscamos compactar y reducir los plazos administrativos”.
¿Cuánto tiempo pueden tardar este tipo de tramitaciones?
Una modificación menor debería estar lista en un plazo de dos años o dos años y medio, pero muchas veces supera este tiempo porque incluye una tramitación ambiental que implica esperar por un informe sectorial. Por ejemplo, en las zonas de influencia aeroportuaria se debe esperar seis meses y requiere de un informe vinculante y preceptivo. Los planes generales suelen tardar más de diez años.
Cuando decidimos aventurarnos a actualizar la Ley del Suelo de 2017, lo hicimos pensando en aclarar la ambigüedad que generan muchos artículos, en introducir conceptos de manera reglamentaria como cambio climático, reto demográfico, perspectiva de género, pero también en intentar, porque era un clamor social, compactar y reducir los plazos de los procedimientos administrativos y ese es uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho con el proyecto de ley de actualización. Evidentemente, no tenemos la potestad para cambiarlo todo, porque hay leyes estatales, como la de impacto ambiental de 2013 a 2021, que marcan los pasos y los tiempos de exposición pública y la tramitación ambiental de un plan general va paralela a la tramitación documental.
La Ley del Suelo de 2017 nació con el afán de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, pero lo cierto es que ocho años más tarde no ha ocurrido así. Con la actualización de la norma, también se hace hincapié en estos dos aspectos, ¿por qué ahora sí debemos creernos que se producirá un cambio?
Realmente la Ley del Suelo de 2017 sí que ha beneficiado muchísimo al sector agrario al introducirse las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que facilitan las actuaciones del día a día de los agricultores y ganaderos. Para reparar una pared que se ha caído, por ejemplo, ahora no hay que esperar por la licencia, se comunica a la administración y se obtiene un título habilitante para poder ejecutar la obra, es decir, la norma ha permitido apostar por modificaciones menores. De hecho, en estos ocho años, llevamos más de 300 modificaciones menores en Canarias sin necesidad de ordenar los municipios enteros, solo con ordenanzas provisionales que permiten habilitar determinadas zonas. Eso fue un gran avance y ahora, con la nueva actualización, intentamos dar un paso más. De lo que se trata es de llevar esa comunicación previa hasta los límites que nos permite la ley estatal.
En la actualización en la que estamos trabajando aportamos herramientas para dar un enfoque más ágil al planeamiento. Si un municipio logra sacar ese modelo adelante en concordancia con las diferentes fuerzas políticas, ese modelo va a estar vigente gobierne quien gobierne.
¿Cuál es el papel de empresas públicas como Gesplán o Gestur en la actualización de la Ley del Suelo?
Su papel es apoyar a los municipios tanto en la gestión de las licencias como en el planeamiento. Desde esta Consejería hemos sacado un decreto para agilizar las licencias, lo cual también es importante para aquellas actuaciones agrarias que no van por comunicación previa ni declaración responsable.
Actualmente estamos elaborando los Planes Generales de Ordenación Supletorios que complementan o sustituyen a los planes generales de aquellos municipios que no han desarrollado su propio plan. Lo estamos haciendo con las empresas públicas Gestur y Gesplán que se encargan de llevar a cabo modificaciones puntuales para diferentes ayuntamientos. De hecho, muchas corporaciones locales han licitado su planeamiento con equipos de redactores externos porque los técnicos y técnicas municipales no dan abasto. Este decreto lo que permite es habilitar a esas empresas públicas para que puedan ayudar a realizar los informes técnicos y poder resolver las licencias en un tiempo más prudencial.
“Los usos complementarios del suelo rústico propiciarán más ingresos al productor y fomentarán las inversiones para generar más paisaje agrario”
Durante el periodo de alegación a la actualización de la Ley del Suelo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz de Tenerife, al que Asaga Canarias se suma, demandó la posibilidad de implantar redes de riego en cualquier subcategoría del suelo, así como las construcciones, edificaciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, dimensionar las bodegas en función de la uva que producen y reciben y que la capacidad y soberanía energética del Archipiélago no ponga en peligro la soberanía alimentaria de las islas. ¿Se incorporará estas alegaciones a la norma?
Algunas sí. Durante el periodo de alegaciones profundizamos sobre todo en los usos complementarios del suelo rústico, es decir, en la posibilidad de que una explotación pueda tener, por ejemplo, un restaurante acoplado o una pequeña tienda. Esta actividad complementaria va a propiciar que un productor pueda generar más ingresos e incentivar el aumento de la superficie de cultivo para seguir creciendo. Territorialmente, nos interesa que esto sea así no solo para incrementar la superficie agrícola sino también para generar más paisaje. ¿Qué sería La Palma sin el manto verde de los plátanos? ¿O Lanzarote sin la Geria? Nos interesa hacer más atractivo económicamente el sector agrícola para lograr estos objetivos.
Este precepto ya estaba incorporado en la Ley del Suelo de 2017, pero ahora lo hemos aclarado para que no haya duda de que las actividades complementarias constituyen un asunto territorial. Si un agricultor planta lechugas y quiere poner un punto de venta tiene derecho a ese uso complementario del suelo y, por tanto, puede solicitar la licencia correspondiente salvo que esté expresamente prohibido.
¿Hace falta una mayor y mejor coordinación entre las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias para evitar normativas contradictorias y facilitar las inversiones en la actividad agrícola y ganadera?
Creo que sí es necesario que las tres administraciones e incluso que las consejerías de Política Territorial y Agricultura trabajen de la mano. En esta legislatura se han dado pasos importantes y se han visto indicios de esa gobernanza a multinivel. De hecho, cuando comenzamos a tramitar el proyecto de actualización de la Ley del Suelo de 2017, lo primero que hicimos fue sentarnos con los técnicos y técnicas de todas las administraciones públicas para escuchar sus propuestas de mejora. Creemos que es la manera de trabajar para poder legislar todos de acuerdo y que resulte lo más dinámico y coordinado posible.
¿Para cuándo está previsto que esté aprobado el proyecto de actualización de la Ley del Suelo?
Previsiblemente en el primer semestre de este año.
¿Esta actualización estará alineada con la futura aprobación del Reglamento Regulador de los Usos Agrarios y las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA)?
Sí lo está. Se recoge en el borrador de manera que el Gobierno podrá fijar las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y actividades en suelo rústico, así como las construcciones e instalaciones que definirán los requisitos sustantivos y documentales que deberán cumplir en cada caso.
“Es necesario que las tres administraciones, además de las consejerías de Agricultura y Política Territorial, estén coordinadas para legislar en acuerdo”.
¿Cuáles serán las prioridades de esta Consejería en 2026?
Vamos a seguir enfocados en el proyecto de actualización de la ley del Suelo para que entre en vigor en el primer semestre. El segundo semestre estará dedicado a la formación de la normativa. Vamos a impartir cursos para todo el personal técnico de las administraciones donde se resolverán todas las dudas que se puedan plantear a la hora de interpretar los diferentes artículos. Seguiremos apostando por la agricultura y la ganadería, actividades que consideramos fundamentales para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes que están perdiendo población y continuaremos apoyando a estos municipios con medidas concretas y subvenciones para desarrollar su planeamiento ya que los procedimientos, además de costosos en tiempo y trabajo, lo son económicamente.
Este año conseguimos aumentar la cuantía de 2,3 a 2,8 millones. El año que viene tenemos otra vez planteado en el presupuesto 2,3 millones porque tener un planeamiento adaptado facilita la implantación de muchos usos ganaderos en el municipio y animar a la gente a invertir.
En la primera convocatoria, como solo disponíamos de 2,3 millones para repartir entre todas las solicitudes de los municipios, solo pudimos subvencionar a 15 y de este número, 14 eran municipios reto, es decir, con menos de 10.000 habitantes, lo cual es una satisfacción poder apoyar a los más pequeños.
