El acuerdo anula las exigencias sanitarias, medioambientales, de bienestar animal y sostenibilidad a las importaciones latinoamericanas. Ataca la supervivencia del sector agrario y compromete la salud de los consumidores.
La firma del tratado Mercosur este mes de enero en Paraguay ha desatado la furia de un sector agrario que lleva tiempo denunciando la urgencia política con la que la UE sacrifica la agricultura y ganadería para poder suministrarse de todo aquello que ha dejado de producir tras arruinar la industria interior y erigirse como constructor de normativas. La desproporcionalidad del acuerdo, calificado de injusto y desleal por los productores europeos, vaticina una situación de indefensión total que acabará, de no remediarse a tiempo, aplastando una actividad sostenedora de la soberanía alimentaria que debería ser llamada a proteger y no a destruir como parece ser la intención de la Comisión y el Consejo Europeo a favor de cerrar lo antes posible esta alianza.
“Se abre la veda a una competencia desleal desmesura, sin jugar a las mismas reglas, con la que no podremos competir en precio”, Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias.
Bruselas ha sabido jugar a dos bandas siendo extremadamente exigente con el modelo de producción en Europa, enfocado hacia el cumplimiento de elevados estándares sanitarios, veterinarios y de sostenibilidad y en paralelo, siendo excesivamente benévola con los alimentos que se importarán de Argentina, Brasil, Paraguay y Urugay sin garantizar ni la calidad ni la seguridad alimentaria. A cambio, otros sectores económicos como el industrial, financiero, farmacéutico o las telecomunicaciones saldrán favorecidos gracias a la eliminación de aranceles.
La presidenta de Asaga Canarias Asaja, Ángela Delgado, critica ese doble rasero a costa de poner en peligro “nuestra soberanía alimentaria, la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares, mayoritarias en las islas y el resto de la Península”. Esta firma, añade, “abre la veda a una competencia desleal desmesurada con la que no podremos competir en precio por una cuestión sencilla de aritmética: a los países terceros les sale más barato producir porque no están sometidos a las mismas reglas comerciales, ni asumen los mismos costes de producción y sus grandes volúmenes compensan los precios más bajos con los que sus producciones llegan a los puntos de venta”.
Uno de los asuntos más candentes de esta alianza es el uso de sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, sin garantías suficientes de trazabilidad y control. Esto penaliza a los productores comunitarios que cumplen normas más estrictas, pero también supone un riesgo para la salud de los consumidores.
Heraclio del Castillo, uno de los mayores ganaderos de Tenerife, sostiene que “mal lo vamos a pasar si entra mucho producto de fuera porque la carne industrial de bajo coste compite en precio con la nuestra”. Lamenta que la UE haya contribuido a “arruinar al sector con tanta normativa y burocracia y no haya sabido proteger la actividad que genera la proteína animal base de nuestra alimentación”. Recuerda que la ganadería ha estado inmersa en varias crisis de insumos en los últimos años, y pese a todo “cada vez que intentamos salir a flote nos llega otra que nos deja más hundidos. Van desapareciendo los pequeños productores, se quedarán solos los grandes inversores”.
Brasil y Argentina ocupan el primer y segundo lugar en exportación cárnica del mundo. La UE ya importaba carne de estos dos países antes de la rúbrica de Mercosur, pero lo hacía imponiendo aranceles a la entrada que oscilaban entre el 20 y el 50% en función de la cuota. Este porcentaje se rebajará hasta el 7,5% para un cupo de 99.000 toneladas al año y de manera gradual se irán eliminando al 90% del comercio a lo largo de los próximos 15 años.
Un aluvión de vacuno de estas dos potencias agrarias implicaría de entrada una mayor oferta con una consecuente bajada de precios a costa de arrastrar al sector ganadero insular a la ruina. ¿El consumidor saldrá beneficiado? Inicialmente pagar menos por un producto básico en la cesta de la compra siempre es bien recibido, pero habrá que preguntarse si esa rebaja a la larga no saldrá cara en términos sanitarios. La OMS mantiene su cautela sobre el uso de hormonas de crecimiento en el ganado y su efecto negativo en la salud humana y la UE las ha prohibido desde 1981 y ha reforzado su postura en ocasiones posteriores como medida de precaución.
Esta liberalización no será nueva para Canarias. Acostumbrada a la aplicación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) desde 1992 para proveerse de productos fundamentales para el consumo humano, la transformación y la utilización como insumos agrarios. Al archipiélago entran anualmente de países terceros 33,3 millones de kilos de carne de vacuno fresca, refrigerada y congelada, libre de impuestos, frente a los 4,1 millones de kilos procedentes de la UE que si abonan una cuota al entrar al mercado local. Si las importaciones se multiplican “es muy probable que los bajos precios acaben arrastrando a todo el sector”.
Nicolás Méndez, gerente de Tropican, la asociación que aglutina al sector de frutas tropicales y subtropicales de Canarias, muestra su preocupación por las materias activas desautorizadas en la UE que emplean países como Brasil, el segundo mayor productor mundial de papaya con 1,5 millones de toneladas anuales. Esto supone una “amenaza directa para la competitividad de nuestro sector” teniendo en cuenta que cerca del 70% de los casi 20 millones de kilos de papaya que se producen en las islas se destinan al mercado exterior, principalmente la Península y el norte de Europa donde compite con las producciones de regiones extracomunitarias.
“Cada vez que intentamos salir a flote, nos llega otra crisis que nos hunde más. Van desapareciendo los pequeños productores, solo resistirán los grandes inversores”, Heraclio del Castillo, ganadero.
La esperanza del sector agrario de Canarias es que el Tribunal de Justicia de la UE dictamine una sentencia favorable a la revisión y adecuación del acuerdo para preservar los principios por los que se rige el modelo agrario en la UE. Esto implicaría controles exhaustivos, sanciones y suspensión inmediata cuando se incumplan las garantías por parte de los países terceros y representen un impacto negativo para los mercados interiores europeos y, por extensión, para los de regiones sensibles como las RUP. El cumplimiento de la reciprocidad servirá de amortiguador para que los agricultores y ganaderos puedan seguir garantizando la producción alimentaria en territorios alejados y fragmentados como el nuestro.
