Elías Marrero es, desde este año, el nuevo delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Su llegada al cargo coincide con el proceso de actualización de la Ley del Suelo cuyo texto definitivo se espera salga publicado en el mes de diciembre. De incluirse las propuestas de este colectivo, la actividad agraria contaría con un mayor respaldo jurídico para su protección y crecimiento.
¿Cómo calificaría el proyecto de actualización de la Ley del Suelo que ha presentado el Gobierno de Canarias este año?
Desde nuestro colectivo, nos parece adecuado y acertado que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias proponga una actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en concreto, de la regulación del suelo rústico, sin embargo, en la consulta pública del borrador de proyecto de actualización de la Ley del Suelo, apenas hay mejoras significativas en la regulación del suelo rústico en cuanto a los usos agrarios, escenario que desde nuestro colectivo consideramos muy desafortunado.
Entre las prioridades de la modificación de la normativa está la simplificación y agilización de los procesos administrativos para la ordenación del territorio del Archipiélago, ¿puede ser una argucia para recalificar suelo lo que podría implicar restárselo a la agricultura y la ganadería al ser el suelo rústico un instrumento de competitividad e interacción con el suelo urbano?
No. Esta simplificación y agilización de los procesos administrativos está enfocada a reducir las fases de elaboración y tiempos de tramitación de los instrumentos de ordenación, situación que también beneficiará al sector primario.
La norma hace hincapié en el refuerzo del sector primario permitiendo la consolidación de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real. ¿Cómo valora este punto?
Positivamente, ya que existe vinculación entre la edificación, la explotación y la actividad agraria.
“Es positiva la consolidación de viviendas familiares vinculadas a la explotación agrícola”.
También se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias y se autoriza el desarrollo de actividades turísticas bajo regulación específica, ¿en qué cree puede beneficiar al sector agrario estos dos aspectos?
Esta diferenciación permite separar la actividad agraria propiamente dicha de las actividades complementarias, estando estas últimas destinadas a generar una renta adicional a la principal, que siempre será la agraria. El resultado de desarrollar las actividades agrarias y complementarias en una explotación agraria podrá permitir diversificar los ingresos que se producen en tal explotación y consolidar su viabilidad económica.
“Desarrollar actividades agrarias y complementarias en una explotación permitiría diversificar los ingresos y consolidar su viabilidad económica”.
¿Cree que el principio de “autorizado todo lo que no esté expresamente prohibido” contribuye a dar más seguridad jurídica y mayor flexibilidad al sector primario?
Sí. Actualmente constan bastantes ejemplos de planes generales de ordenación, que al no regular en su normativa gran parte de las construcciones, edificaciones e instalaciones agrarias, suelen generar dudas o inseguridad jurídica a los técnicos municipales a la hora de emitir los títulos habilitantes correspondientes, de tal manera que, con esta matización, en principio se lograría mayor seguridad jurídica para los técnicos municipales, escenario que se considera adecuado.
“Autorizar todo lo que no esté expresamente prohibido dará más seguridad jurídica a los técnicos municipales a la hora de regular construcciones, edificaciones e instalaciones agrarias”.
Durante el periodo de exposición pública, el documento de la reforma ha recibido 180 alegaciones, ¿cuántas ha presentado el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y qué aspectos concretos ustedes consideran que el texto requiere una corrección?
La Delegación Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó una única alegación al borrador de proyecto de actualización de la Ley del Suelo, la cual focalizaba su atención en la modificación de los artículos 58 y 66 de la actual Ley del Suelo, demandando en el primero de ellos, que se permita por parte del planeamiento ambiental, territorial y urbanístico, la implantación de redes de riego en cualquier subcategoría de suelo rústico, y en el segundo de ellos, que los agricultores y ganaderos profesionales, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, en suelo rústico de protección agraria, puedan implantar las construcciones, edificaciones e instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su actividad agraria específica.
Además de lo anterior, se planteó incluir una Disposición adicional, que permita a las explotaciones vitivinícolas a la hora de dimensionar la ampliación de su bodega, hacerlo no sólo en base a la superficie de viña y producción de uva de su propia explotación, sino también a partir de uva local procedente de otras explotaciones vitivinícolas, siempre y cuando dispongan de bodega inscrita en alguna denominación de origen protegida de vinos de Canarias.
“Las bodegas deberían poder ampliarse en base a la superficie y producción de su explotación y recibir uva local de otras explotaciones siempre que estén inscritas en una DOP”.
Finalmente, también se solicitó encarecidamente que la modificación de la Ley del Suelo debería de ir acompañada de la derogación del Artículo 6 bis. que obra en la legislación en materia del sector eléctrico canario, ya que, la capacidad de autoabastecimiento y soberanía energética no tiene que poner en peligro la capacidad de autoabastecimiento y soberanía alimentaria de Canarias.
¿Cree que estas aportaciones serán incorporadas al texto final antes de su aprobación prevista para finales de este año?
Confiaremos en que sí.
¿Sería positivo que el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas se una al Colegio de Ingenieros Agrónomos para plantear a la Consejería de Agricultura un convenio de colaboración en materia de ordenación del territorio?
Sin lugar a dudas sería muy positivo que los dos colegios participáramos de manera conjunta en esta mesa de ordenación del territorio.
¿Se va a formar a los técnicos municipales para que conozcan la normativa y puedan aplicarla evitando así que proyectos de interés para el sector agrario se queden por el camino?
Con el Reglamento de los Usos Agrarios sí se va a dar formación a los técnicos municipales sobre todo este año porque, de aprobarse en el mes de julio o agosto, habrá seis meses por delante hasta que entre definitivamente en vigor y ese tiempo se empleará en formarlos.
Los ingenieros agrónomos y los técnicos agrícolas llevan tiempo reclamando al Gobierno de Canarias su incorporación en los equipos redactores de los PGO en los que sí se encuentran expertos de otras especialidades, ¿se ha producido algún cambio al respecto?
Sí, ha habido cambios lentos, pero positivos, actualmente se está comenzado a incorporar a los ingenieros agrónomos en la redacción de algunos instrumentos de ordenación, situación impensable hace una década.
La paulatina urbanización del campo ha desembocado en un rechazo hacia la actividad agraria, ya sea por los trabajos de laboreo de las fincas (presencia de tractores o cosechadoras) o por la presencia de granjas, muchas de las cuales fuera de ordenación porque el planeamiento no las ha tenido en cuenta, ¿no sería conveniente solicitar un estudio para clasificar la actividad agronómica de los suelos en el Archipiélago evitando su ocupación y desviando los asentamientos urbanos hacia los suelos menos productivos?
Sí, es totalmente imprescindible que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias modernice el Mapa de Cultivos de Canarias, incluyéndole más atributos específicos, como por ejemplo, la capacidad agrológica de sus recintos, de tal manera, que esta herramienta oficial sea capaz de generar una información agraria mucho más completa que la actual, y que esto, derive en una mejor toma de decisiones a la hora de ordenar el territorio y el suelo agrario por parte de los equipos redactores de planeamiento.
“Modernizar el Mapa de Cultivos de Canarias, incluyendo la capacidad agrológica de los recintos, permitiría mejorar la ordenación del territorio y el suelo agrario”.
¿Por dónde debe transitar la actividad agraria de las islas para que tenga futuro?
Es totalmente imprescindible y vital la elaboración de una legislación sectorial agraria por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y, que dicha normativa, esté enfocada a facilitar el desarrollo de la actividad agraria, dotarla de una mayor seguridad jurídica y protegerla de ser sustituida por la implantación de las energías renovables.
Normativas que acompañan al proyecto de actualización de Ley del Suelo 4/2017
Las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el Reglamento Regulador de los Usos Agrarios y Usos Complementarios, en proceso de tramitación, tienen entre sus objetivos implementar una norma autonómica común que unifique los criterios en todas las islas e impulse la actividad agrícola y ganadera para corregir o revertir los procesos de pérdida y abandono del suelo agrario.
