Los productores se concentran en Tenerife y Gran Canaria para expresar su rechazo a la desaparición del POSEI europeo y a la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales.
Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias: ASAGA Canarias, COAG Canarias, UPA Canarias y PALCA a las que se suman las sectoriales Asprocan, Asocan, Agate, Tropican y Fedex se movilizan en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, en protesta por la abrupta modificación que propone Bruselas para la futura PAC (2028-2034). Una propuesta que cercena la financiación poniendo en peligro el mantenimiento del POSEI y traspasa la gestión de los fondos a cada país miembro obviando las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP). Critican además la desproporcionalidad de los acuerdos comerciales firmados entre la UE y terceros países en perjuicio de los productores comunitarios y, por ende, de los canarios. De no corregirse estas desigualdades vaticinan el peor de los escenarios, pero advierten “si desaparecemos, no lo haremos en silencio”.
Las concentraciones forman parte de un calendario de movilizaciones a lo largo de este año 2026.
Las organizaciones profesionales agrarias junto a las sectoriales que se manifiestan bajo el lema “Salvar el Campo Canario” señalan que estas dos concentraciones forman parte de un calendario de actuaciones que se pretende llevar a cabo durante todo este año 2026.
La UE ha manifestado que “garantizar el futuro de la agricultura y un sector agroalimentario competitivo, resiliente y sostenible es una prioridad estratégica”. El sector agrario lamenta que, de momento, su modo de proceder avance hacia el sentido opuesto y recuerda que “condenar a los productores de alimentos, sostenedores del territorio, a un futuro incierto es condenar la existencia de Europa”.
El sector primario canario no reclama privilegios, sino reglas justas, coherencia política y futuro. Estas concentraciones son un llamamiento a la responsabilidad institucional y a la implicación de toda la sociedad en la defensa de un sector estratégico para Canarias.
Los convocantes insisten en que estas protestas no defienden solo a los productores, sino también a los consumidores. Permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
El sector primario canario no reclama privilegios, sino reglas justas, coherencia política y futuro.
REIVINDICACIONES:
- Mantenimiento y actualización del POSEI europeo como programa específico de las RUP vinculado directamente a las instituciones comunitarias. La propuesta de la Comisión Europea de modificación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 pone en grave riesgo la estructura y dotación presupuestaria de las ayudas a la producción agrícola y ganadera de las RUP, así como la compensación al transporte en la importación de materiales básicos como el forraje o los cereales para la alimentación animal.
Se exige que estos fondos continúen aplicándose de forma independiente a los planes nacionales y se actualicen las cuantías, ya que llevan sin modificarse desde 2006, para adecuarse a los costes de producción actuales, compensando así las diferencias estructurales de Canarias por lejanía, insularidad y fragmentación del territorio.
- Acuerdos comerciales justos y equilibrados sin utilizar la agricultura como moneda de cambio. Las importaciones de regiones extracomunitarias (especialmente las procedentes de países latinoamericanos y africanos) deben cumplir las mismas normas sanitarias, medioambientales, de bienestar animal y sostenibilidad que se exigen a las producciones comunitarias. Su incumplimiento genera una clara competencia desleal, agravada por sus menores costes sociolaborales, que hunde los precios con un grave impacto sobre la viabilidad de las explotaciones agrarias de Canarias, en especial sobre las más pequeñas.
Se demanda la aplicación de las llamadas “cláusulas espejo” que obliguen al idéntico cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos en la UE. Se deberá aplicar un estricto control y un régimen sancionador para evitar que sustancias prohibidas (hormonas de crecimiento, fitosanitarios no autorizados) entren en Europa. Según datos de la CE solo se inspecciona el 0,0082% de los productos agroalimentarios importados a la UE.
- Refuerzo de los controles en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de Canarias incrementando los medios humanos y materiales para que sean más rápidos, efectivos y se inspeccione un mayor número de mercancías. Esta medida permitiría poner freno a la circulación de productos hortofrutícolas prohibidos en las islas por la Orden de marzo de 1987, pero, por falta de una mayor vigilancia en los puertos y aeropuertos, escapan a la aplicación de la normativa generando distorsiones en el mercado interior.
Eliminación de las trabas burocráticas y la inseguridad jurídica actual que provoca una situación “asfixiante” para los productores. El sector pide contrapartidas y tiempo para poder aplicar la sobrecarga de normativas exigidas. Además, priorizan la tramitación de ayudas y expedientes haciendo hincapié en el refuerzo de la digitalización interna de las administraciones y la mejora de la eficiencia de los equipos humanos para resolver con celeridad el abono de las ayudas y aportar liquidez a los productores.
- Impulso al relevo generacional. Sin jóvenes que se incorporen a la agricultura y la ganadería, la actividad no tendrá continuidad. Hace falta dignificar al sector agrario y dotarlo de ciertas garantías de estabilidad con unos ingresos aceptables que permitan vivir del campo. Para ello es necesario adoptar medidas que contribuyan a reducir los costes de producción, facilitar el acceso prioritario a la tierra y al agua, además de percibir precios dignos. Si realmente se quiere apostar por su incorporación, las políticas deben favorecer un marco regulatorio y de apoyo al sector primario.
