A sus 20 años, este ganadero de La Palma formado y con experiencia, gestiona una granja arrendada de 110 cabras y elabora quesos. Lamenta la “tediosa lentitud” de las administraciones tras tres años intentando levantar una explotación propia.
Cuando Jorge San Gil Hernández (Breña Alta, La Palma) busca en su árbol genealógico alguna conexión familiar con la ganadería tiene que remontarse a su bisabuela, que contaba con un pequeño rebaño de cabras, para explicar de dónde le viene genéticamente su pasión por esta actividad.
No fue hasta su llegada al instituto cuando despertó en él este interés por el campo. Ayudado por su padre, agricultor, comenzó a cultivar verduras. La experiencia duró poco. Pronto decidió que le llamaba más el cuidado de los animales.
Tras formarse en Pamplona en un grado superior y realizar prácticas en varias explotaciones, en marzo de este año dio el paso para darse de alta como autónomo después de arrendar una granja. Cuenta con 110 cabras de raza palmera (una parte de recría y otra comprada) mientras elabora y comercializa quesos ahumados de leche cruda al estilo tradicional, actividades a las que se dedica, como señala, en “cuerpo y alma”.
San Gil representa el modelo de relevo generacional: joven, graduado en Ganadería y Potencialidad Animal y con experiencia al que clama el sector para sostener su futuro teniendo en cuenta que las estadísticas del Gobierno de Canarias llevan tiempo desdibujando la presencia de la actividad ganadera en La Palma con un 40% de explotaciones desaparecidas entre 2014 y 2024.
Si nos ceñimos al sector caprino, la pérdida de granjas es más acusada. Solo en los municipios de Breña Alta y Breña Baja quedan 9 de las 25 que existían diez años antes, lo que supone un retroceso superior al 60%.
En los municipios de Breña Alta y Breña Baja, el sector caprino retrocede más de un 60%: solo quedan 9 de las 25 explotaciones registradas 10 años atrás.
Detrás de este paulatino abandono, San Gil pone el foco en el papel de las administraciones. Señala que, lejos de agilizar y simplificar los trámites, la carga normativa, los trámites tediosos, la desinformación, la falta de coordinación entre instituciones públicas y los planes de ordenación territorial que no se ajustan a las necesidades prácticas de la actividad ganadera, entorpecen y desincentivan el emprendimiento en el sector agrario.
Dificultades que restan operatividad a las tareas diarias del campo, roban tiempo y merman la rentabilidad de los productores.
“Los jóvenes queremos trabajar en el campo, no es un problema dedicarle horas y esfuerzo a una actividad si te gusta, pero la burocracia nos quita las ganas”, se lamenta este joven ganadero que lleva tres años intentando levantar su propia explotación, cinco meses esperando por el informe de impacto medioambiental que no termina de llegar y otros tantos pendientes de la resolución de la subvención a jóvenes ganaderos, que solicitó este año 2025, a través del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC, antiguo Programa de Desarrollo Rural).
Una ayuda que le cubre hasta un 70% de las inversiones a realizar y de la que, asegura, “depende totalmente mi economía”.
En su caso particular, los impedimentos legales para poder instalar una granja de su propiedad tienen que ver con el tamaño de la superficie disponible. San Gil dispone de dos hectáreas de terreno en el municipio de Breña Baja, pero la planificación le exige contar con tres hectáreas de suelo para la nueva instalación, según el Plan de Ordenación del año 2000.
En este espacio tendría que cumplir además con otros dos requisitos más: limitar su cabaña ganadera a 25 cabezas y producir bajo etiqueta ecológica. A la espera de obtener los permisos, continuará alojado en la granja que tiene arrendada en el municipio de Breña Alta, aunque reconoce, no es el modelo de explotación ideal para sus cabras, según cuenta, al no poder tenerlas en libertad: “sufro viéndolas encerradas”, lamenta.
Su objetivo es poder desarrollar un sistema de ganadería en extensivo, donde sus animales se muevan libremente mientras aprovechan las especies de vegetación propias del suelo como el brezo y otras para alimentarse.
Estas condiciones, según señala este joven emprendedor, contribuyen no solo a mejorar la calidad y cantidad de la leche, sino que le ayudaría a disminuir en parte el elevado coste en alimentación (entre 600 y 1.000 euros mensuales). Lograrlo depende de la obtención del alta de su explotación: “Sería un paso importante para empezar, aunque sea con pocos animales y, si en un futuro me permiten ampliar podría hacer el traspaso total y modernizar la granja”.
Para llevar tan pocos meses elaborando quesos a base de leche cruda, cuajo y sal marina, San Gil asegura que las ventas van bien. “Todo lo que produzco al día se vende y, cuando disponga de más volumen, lo puedo vender en algún punto de venta. Eso no es problema, el principal problema es disponer de suelo para realizar la actividad ganadera y, si hay algo disponible, es carísimo o está muy alejado”.
Subraya, además, que la ley de islas verdes, que tiene por objeto regular la ordenación turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, “facilita la construcción de una vivienda vacacional, pero no dejan construir una granja”.
Convencido de que el futuro del sector ganadero en La Palma debe transitar por el asociacionismo, observa diferencias entre generaciones: los productores veteranos suelen ser más desconfiados e individualistas, entre los jóvenes percibe algunos cambios en sentido opuesto, aunque no se atreve a generalizar por miedo a equivocarse.
Su mensaje no da lugar a dudas: “Nos necesitamos unos a otros para defender los intereses de esta actividad, de lo contrario el sector no sobrevivirá”.
“Nos necesitamos unos a otros para defender los intereses de esta actividad, de lo contrario el sector no sobrevivirá”, Jorge San Gil.
